Por Diego Martínez Lloreda
Si la audiencia pública que le adelanta la Procuraduría a Juan Carlos Abadía por participación en política termina con su destitución como Gobernador, los vallecaucanos habremos completado un muy triste récord: dos mandatarios seccionales y dos alcaldes de la capital departamental removidos de su cargo en menos de 15 años.
Los dos gobernadores serían Abadía y Gustavo Álvarez Gardeazábal, hoy vedette de la radio, quien en 1998 fue destituido y luego apresado, sindicado de enriquecimiento ilícito.
Los alcaldes de Cali que corrieron similar suerte fueron Mauricio Guzmán, quien se cayó de su cargo en medio del escándalo del proceso 8.000 y como Gardeazábal, terminó recalando en el periodismo. Y Apolinar Salcedo, destituido por la Procuraduría e inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 16 años, por haber suscrito el controvertido contrato mediante el que se le entregó el recaudo de los impuestos de la ciudad a la empresa Sí Cali.
Me dicen que ‘Polo’ también se autograduó recientemente de periodista y tiene su propio espacio radial.
¿Carajo, que habremos hecho los periodistas para que cuanto político destituyen o meten preso por estos lares, le dé por montarnos la competencia?
Pero más grave que todos estos personajes generen desempleo en el gremio periodístico, ocupando espacios que debería tener gente que de verdad se ha preparado para ejercer el periodismo, es la cantidad de gobernantes regionales y locales que no han terminaron sus períodos por estar envueltos en diferentes tipos de líos.
En esos mismos 15 años, el único alcalde de Bogotá que no terminó su mandato fue Mockus. Pero no porque lo destituyeran sino porque renunció para lanzarse como candidato a la Presidencia. Y, que yo recuerde, ningún alcalde de Medellín o gobernador de Antioquia ha salido de su cargo por la puerta de atrás.
Para encontrar un fenómeno similar habrá que mirar en algún departamento de la costa Atlántica. Lo cual es una prueba más de que, como se vio en los recientes comicios legislativos, la política que hoy se hace en el Valle es muy similar a la que se hacía en la costa hace unos años.
Tan responsables como los propios gobernantes destituidos somos los electores que los hemos elegido. Porque, al menos en el caso de Polo y de Abadía, desde mucho antes de que llegaran a sus cargos se conocía su tendencia a transitar ‘por carreteras destapadas’.
De Apolinar se escuchaban toda clase de rumores sobre sus actuaciones como concejal. Y a Abadía, también en el Concejo caleño, se le conoció su tendencia a lo que Antanas Mockus denomina ‘tomar atajos’. Es decir meterse por el camino más corto y más riesgoso con tal de llegar al destino que se fija de la forma más rápida. Su elección como presidente de esa corporación y su participación en el irregular nombramiento de un contralor municipal que estaba inhabilitado para ejercer ese cargo, son dos de los ‘atajos’ más conocidos que tomó Abadía en sus épocas de concejal. Y lo que ha hecho desde su llegada a la Gobernación no es más que tomar atajo tras atajo. Hasta que la Procuraduría lo atajó a él.
Ignoro cuál será el desenlace de la investigación que le sigue el Ministerio Público al Gobernador del Valle. Pero sea cual sea, el daño para la imagen del departamento ya está hecho, pues en Bogotá y en el resto del país el mandatario regional sólo suena por los escándalos sucesivos en los que ha estado involucrado.
¿Cómo fue posible que los vallecaucanos eligieran a un gobernador así? Es la pregunta que de forma recurrente le formulan a uno en cualquier reunión que va en la capital. La misma que uno se formula al observar la frecuencia con la que los vallecaucanos nos equivocamos al elegir a nuestros gobernantes.
¿Será que este nuevo descalabro para la región servirá para que los vallecaucanos por fin aprendamos a elegir a unos mandatarios que prefieran ir por el camino recto a tomar atajos, así se demoren más para llegar a donde quieren?
